El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó en la Legislatura de Río Negro un Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de las Personas Mayores, con el objetivo de actualizar el marco normativo vigente y adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos.
La iniciativa propone abrogar la Ley D Nº 5071 y reemplazarla por una normativa moderna, integral y con enfoque de derechos, en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Leyes Nacionales Nº 27.360 y 27.700, tal como viene reclamando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
“El escenario social, cultural y normativo cambió. Hoy las personas mayores deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos, con autonomía, participación activa y acceso efectivo a la justicia, dejando atrás miradas asistencialistas o tutelares”, señaló Delgado Sempé.
El proyecto reconoce el crecimiento sostenido de la población adulta mayor en la provincia y advierte sobre su creciente vulnerabilidad frente al ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, la falta de acceso a medicamentos y la desprotección de políticas públicas, especialmente en el actual contexto nacional.
Entre los ejes centrales de la iniciativa se destacan:
– El derecho a una vida digna, activa y saludable, con igualdad y no discriminación por razones de edad.
– El acceso universal a la salud y a medicamentos esenciales.
– La protección frente a la violencia, el abandono y el maltrato.
– La promoción de la participación comunitaria, educativa, cultural y política de las personas mayores.
– La garantía de seguridad económica y defensa del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.
Asimismo, el proyecto crea el Consejo Provincial de Personas Mayores, con representación del Estado, organismos nacionales y centros de jubilados de todos los circuitos electorales, e incorpora un Observatorio Provincial para producir información, evaluar políticas públicas y monitorear el cumplimiento de derechos.
La iniciativa también establece un régimen de sanciones ante incumplimientos por parte de funcionarios, instituciones o prestadores de servicios, y crea un Fondo Provincial para los Derechos de las Personas Mayores, con financiamiento específico, ejecución prioritaria y rendición pública de cuentas.
“Actualizar esta ley no es una cuestión técnica, es una decisión política: reconocer que el envejecimiento debe vivirse con dignidad, autonomía y protagonismo, y que el Estado provincial tiene una responsabilidad indelegable en garantizar justicia social y protección a quienes construyeron nuestra provincia”, expresó el legislador.
El proyecto se inscribe en una perspectiva de justicia social, inclusión y solidaridad intergeneracional, reafirmando el compromiso histórico del peronismo con los derechos sociales y la dignidad de la persona humana.
