La legisladora rionegrina Magdalena Odarda, del Bloque Vamos con Todos, se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 para denunciar un hecho de gravedad institucional y exigir el acceso inmediato al expediente vinculado a la acción de lesividad mediante la cual tramita la posibilidad de revertir la cuestionada compra realizada durante los años 90′ sobre los territorios que rodean el Lago Escondido por parte de la empresa vinculada al magnate inglés Joe Lewis.
Cabe recordar que, durante el año 2023, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, emitió una resolución mediante la cual declaró lesivas al interés general las autorizaciones otorgadas para la adquisición de miles de hectáreas por parte de capitales extranjeros en Zonas de Seguridad de Fronteras, donde además se encuentra fuentes de agua dulce como lo es el Lago Escondido.
El accionar de Odarda surge a raíz de publicaciones periodísticas realizadas por el medio “El Destape”, donde se denunció la posible existencia de un acuerdo no publicado entre el gobierno de Javier Milei y la empresa Hidden Lake S.A del cuestionado magnate inglés, Joe Lewis, donde además se habría restringido el acceso al expediente judicial impidiendo al público conocer el contenido de las actuaciones.
En ese marco, Odarda, junto a sus abogados Ernesto Montecino Odarda y Martín Palumbo, se presentó en la causa solicitando el acceso íntegro al expediente y rechazando cualquier acuerdo vinculado a la finalización del proceso. Odarda fundamentó su intervención en el interés legítimo que posee en la causa por haber sido una de las promotoras de la acción de lesividad, y por ser la principal amparista por el histórico reclamo por el libre acceso a las costas del Lago Escondido, que lleva más de dos décadas de trámite y se encuentra actualmente a la espera de una nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Finalmente, Odarda explicó que la declaración de lesividad implicó que el propio Estado reconoció la irregularidad de la operación de compraventa del Lago Escondido y la zona circundante, y la acción judicial en trámite tiende a recuperar dichos territorios para el Estado dada la grave afectación a la soberanía nacional, por lo que el asunto no puede tratarse como una cuestión privada ni mantenerse en secreto consolidando la impunidad.
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