Un padre llevó a su hijo a un hospital de Sierra Grande y quedó disconforme con la atención que recibió durante una guardia. Después del episodio, publicó un mensaje en un grupo de Facebook en el que cuestionó el comportamiento del personal de enfermería e identificó a uno de los trabajadores por su apellido. El enfermero consideró que las expresiones perjudicaron su reputación profesional y presentó una demanda por daños y perjuicios.

La publicación apareció en el grupo de Facebook “Clasificados Sierra Grande, Compra y Venta”. Allí, el padre relató su experiencia en el hospital y afirmó que el personal de enfermería demoró la atención de su hijo. También sostuvo que les comunicaron que no podían atenderlos porque descansaban.

En el mismo mensaje calificó la situación como una falta de humanidad e invitó a identificar a las personas responsables. Las expresiones alcanzaron directamente a un enfermero, cuyo apellido apareció en la publicación.

El trabajador de salud sostuvo que las acusaciones afectaron su honor, su imagen personal y su trayectoria laboral. Según explicó en la demanda de menor cuantía, los mensajes permanecieron visibles en la red social incluso después del episodio que originó el conflicto.

Ante esa situación, envió una carta documento para solicitar que el hombre eliminara las publicaciones y rectificara sus afirmaciones. Sin embargo, no obtuvo la respuesta que pretendía y decidió iniciar una acción judicial.

Durante la primera audiencia, el padre sostuvo que su hijo recibió una atención inadecuada. También expresó arrepentimiento por las publicaciones y manifestó que no contaba con recursos económicos para afrontar una reparación. No alcanzaron un acuerdo, por lo que el proceso continuó con la incorporación de pruebas.

El enfermero presentó capturas de pantalla de los mensajes y documentación que, según su planteo, acreditó que la publicación permaneció disponible durante varios meses.

Además, el juzgado de Paz de Sierra Grande recibió un informe de la dirección del hospital sobre la existencia de posibles reclamos administrativos o sanciones disciplinarias relacionadas con el episodio. El establecimiento sanitario informó que no encontró antecedentes de reclamos ni sanciones vinculados con los hechos.

La sentencia aclaró que esa información no permitía afirmar, por sí sola, que la atención resultara adecuada ni que todas las manifestaciones del padre fueran falsas.

En una segunda audiencia, el hombre no se presentó pese a recibir la notificación correspondiente. El juzgado de Paz evaluó esa ausencia junto con las demás pruebas del expediente. Al analizar el caso, explicó que las personas pueden expresar críticas sobre la atención recibida en un servicio público de salud. Ese derecho forma parte de la libertad de expresión y permite denunciar situaciones que consideran irregulares.

Sin embargo, señaló que también corresponde proteger el honor y la reputación de las personas frente a expresiones que puedan generar un daño jurídicamente reparable.

Para resolver, examinó el contenido de los mensajes, la identificación del enfermero, su difusión en una red social de alcance local y la permanencia de las publicaciones.

Finalmente, condenó al padre a indemnizar al trabajador por daño moral.