Con apoyo de la oposición, el Frente de Todos consiguió este martes el dictamen favorable del proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que será votado este miércoles en el recinto del Senado y se encamina a obtener un amplio respaldo.
La iniciativa, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, se debatió durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se constituyó al comienzo y quedó -como se preveía- a cargo del cordobés Carlos Caserio.
Desde Juntos por el Cambio reclamaron precisiones sobre la fecha en que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2020 y también cuestionaron la falta de respuestas a una serie de preguntas que solicitaron a los funcionarios que asistieron, el subsecretario legal del Ministerio de Economía, Cristian Dellepiane; y el subsecretario de Relaciones Institucionales de esa cartera, Rodrigo Ruete.
En una breve exposición, Dellepiane destacó que desde un principio la intención del Poder Ejecutivo fue “contar con este instrumento a la hora de comenzar con las negociaciones” por la reestructuración de la deuda.
“Se buscaba el consenso y la publicidad que está teniendo este proyecto para, de cara a una negociación, tener la norma con mayor rango legal posible. Y que en la negociación se encuentre con esta herramienta jurídica que es sumamente importante, como un respaldo y una muestra para una política de Estado más que una mera política de gobierno”, agregó.
El primero en tomar la palabra fue el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien aseguró: “Estamos acá desde nuestro interbloque como hicimos en Diputados para avalar, como gesto político que necesita la Argentina en este momento, el acompañamiento a la iniciativa”.
No obstante, el radical sostuvo que el proyecto “posee facultades de delegaciones excesivas” porque “queda todo en manos del Ejecutivo y el Ministerio de Economía”. En ese sentido, señaló que en la reestructuración de 2016, bajo la gestión macrista, el Congreso tomó conocimiento del tema.
Naidenoff consultó sobre “cuál es el programa macroeconómico del Gobierno”, porque es necesario conocer “algunos lineamientos”; también “qué plazo se ha fijado el Poder Ejecutivo para el envío del proyecto del Presupuesto” porque eso “es central para la negociación de los propios acreedores” y “cuáles son los montos nominales que se pretenden involucrar en la renegociación”.
Recogió el guante el misionero Maurice Closs, quien enfatizó que en 2016 “estábamos hablando de un problema 10 veces menor”, ya que “la magnitud del saldo de la deuda ahora es de 150 mil millones de dólares” y se tomó “en un período de tiempo muy breve”.
“El saldo de la deuda de moneda extranjera pasó de 15 mil millones de dólares a 150 mil millones”, continuó y agregó: “No le estamos pidiendo al Gobierno que acomode un saldo, como fue el caso de los holdouts, sino que acomode toda la deuda. Estamos en una situación de terapia intensiva”.
A su turno, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, expresó que “estamos realmente en una emergencia, y en ese marco estamos trabajando”. “La situación es compleja, por eso me agrada la actitud de que la bancada opositora va a acompañar”, dijo.
El formoseño defendió que todavía no haya precisiones sobre el envío del Presupuesto 2020, al argumentar que “una cosa es un Presupuesto en condiciones de economía estable y otra cosa dictar un Presupuesto en condiciones volátiles, por eso ya tuvimos problema con el Presupuesto 2018 y 2019”.
“En este momento la certeza que necesita el país es saber cuántos bonistas que están bajo legislación extranjera están dispuestos a canjear su bono”, resaltó, al tiempo que coincidió con la “preocupación” por la deuda de las provincias y anticipó un “fuerte debate” para la sesión de este miércoles.
Hacia el cierre, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) subrayó: “Creemos que la previsibilidad se da cuando uno sabe hacia dónde va, cuáles son las variables macroeconómicas básicas que tienen el presidente y el Ministerio de Economía, cuál es el rumbo, ya que no tenemos un presupuesto”.
“Esperábamos que quienes vinieran nos saquen las dudas, no que vengan a leer el proyecto”, se quejó y pidió que el Senado “tenga su representación” en la mesa de trabajo conformada en Diputados para abordar el tema de las deudas provinciales, ya que es la Cámara alta “la que justamente representa a las provincias”.
Finalmente, Naidenoff opinó que “en una reunión de comisión estas características no es bueno la presencia de funcionarios que tengan limitantes o prácticamente ausencia absoluta para dar respuestas”.
Tras la reunión, fuentes del oficialismo confirmaron a la prensa acreditada que dentro de dos semanas se prevé que el ministro de Economía, Martín Guzmán, asista a la Bicameral de Deuda -que previamente deberá constituirse y podría quedar nuevamente en manos José Mayans- para explicar los detalles de las negociaciones.
La Comisión de Presupuesto quedó dominada por el oficialismo, con 10 miembros sobre 17. Por el Frente de Todos la integran -además de Caserio- Jorge Taiana, Maurice Closs, Beatriz Mirkin, Antonio Rodas, Edgardo Kueider, Teresa González, Ana María Ianni, Roberto Mirabella y Rubén Uñac.
En tanto, por Juntos por el Cambio se encuentran Esteban Bullrich -elegido vicepresidente-, Pamela Verasay, Víctor Zimmerman, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez y los aliados al interbloque Claudio Poggi y Juan Carlos Romero.
El proyecto
La iniciativa que declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa abarca puntualmente los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, la mayoría bajo ley de Nueva York.
El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Fuente: Parlamentario – Fotos: Sofia Areco – Prensa Senado