Los movimientos populares realizaron una Jornada Nacional de Lucha con asambleas y ollas populares en rutas de todo el país, que tuvo una fuerte repercusión en Río Negro, con importantes manifestaciones en Roca, Cipolletti y Bariloche, entre otras. Las organizaciones exigieron una paritaria social con actualización de los programas de empleo desfasados por la inflación y la reincorporación de trabajadores y trabajadoras dados/as de baja injustamente.
Se realizaron manifestaciones en las zonas de los puentes carreteros que unes Cipolletti-Neuquén, en Puente 83 y en las oficinas de Desarrollo Social de Bariloche y Roca, ciudad en la que luego marcharon a la ruta 22 para realizar cortes intermitentes. La referente provincial de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Haydeé Bustos, expresó que “los gobiernos nacional y provincial, con su política de ajuste, miseria, hambre y muerte para nuestros trabajadores de la economía popular, el delegado de Fiske nos trató de una forma machista, violenta, naturalizando una política asistencialista, que no alcanza, que no sirve y que no es una política de Estado para solucionar la situación de exclusión que viven nuestros compañeros”.
En Bariloche, el dirigente de la CTEP Marcelo Viñuela denunció que “el ministerio que conduce la doctora Carolina Stanley ha dado de baja 15.000 salarios sociales complementarios y 60 mil monotributos sociales, esto afecta la situación y la dignidad de las familias trabajadores y trabajadoras de la economía popular que ven en peligro la continuidad de sus ingresos básicos y la cobertura de salud”. Silvia Runitzky, también de la CTEP de Bariloche, afirmó que las medidas “perjudican a compañeros que están en cooperativas de trabajo y que complementas sus ingresos con el salario social complementario”.
La CTEP, la CCC, Barrios de Pie, FOL y el Frente Popular Darío Santillán, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, intensificaron su plan de lucha para exigir una paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y de las tarifas. También exigen la anulación de la resolución 189/2019 del secretario de Economía Social, Matías Kelly, que da de baja 60 mil monotributos sociales y deja sin cobertura médica a todos estos trabajadores y trabajadoras, interrumpiendo tratamientos de personas con enfermedades terminales entre otros casos de gravedad.
“En un contexto donde la inflación significa más hambre y pobreza, porque miles de familias no pueden acceder a comer todos los días, donde se vive una grave situación social y laboral que debería ser afrontada con políticas públicas para el sector más afectado, el Estado sigue quitando derechos”, planteó la CTEP.
Exigirán también la aprobación urgente de las leyes para el sector presentadas en el Congreso Nacional que aún no tienen tratamiento parlamentario: Emergencia Alimentaria, Agricultura Familiar, Infraestructura Social, Emergencia en Adicciones, y la designación del presupuesto para la ley de Urbanización de Barrios Populares aprobada en 2018 pero que no se está implementando en tiempo y forma. También se pedirá poner en agenda legislativa la Ley de Independencia Económica y Habitacional para víctimas de violencia de género.
Fuente: Servicios Integrales de Comunicación