Viedma. – Culminó en Viedma el debate oral y público en contra de un hombre acusado de por siete hechos distintos, entre ellos lesiones leves, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad. Hoy se escuchó a los últimos tres testigos y tanto la Fiscalía como la Defensa Pública expusieron sus alegatos finales. El veredicto se conocerá el próximo 27 de noviembre, día hasta el cual se prorrogó la prisión preventiva del acusado.
Hizo uso de la palabra en primer término la acusación que remarcó que la evidencia aportada por cada testimonio permitió reconstruir un patrón continuado de conductas violentas, con una incidencia directa en el orden público y la convivencia social. Solicitó al tribunal que se declare la autoría penal en relación con los siete hechos en análisis.
El fiscal destacó que en las tres jornada de juicio comparecieron ante el tribunal un fiscal adjunto, la funcionaria que en su momento ejerció la defensa oficial de la persona imputada, el juez que resultó afectado en uno de los episodios y personas empleadas en distintos organismos municipales.
En su alegato, expresó que la prueba producida no presentó contradicciones y permitió acreditar la materialidad de cada uno de los episodios descriptos. Se hizo referencia a la gravedad social de los hechos, al relato de quienes manifestaron temor durante el proceso ya que varias de las personas que declararon describieron situaciones en las que se sintieron amedrentadas, lo que para la acusación resulta relevante para comprender la dinámica de los hechos.
El Ministerio Público Fiscal también indicó que la persona imputada posee condenas previas y que dicha circunstancia constituye un elemento a tener en cuenta en el análisis de la reiteración delictiva. Si bien se reconoció la compleja situación social que atraviesa el acusado, afirmó que ello no debe incidir en la determinación de la responsabilidad penal. “su situación de vulnerabilidad no lo habilita a golpear y amenazar a nadie”.
“Los siete hechos permiten advertir un patrón sostenido de violencia que requiere una respuesta judicial adecuada”, expresó antes de solicitar al tribunal que declare la responsabilidad penal del acusado como autor de cada uno de los hechos.
Por su parte, la Defensa Pública cuestionó la referencia fiscal a conductas atribuidas en días recientes, así como los conceptos vinculados a la supuesta peligrosidad social. Sostuvo que los antecedentes solo pueden valorarse al momento de fijar la pena y planteó que, a su criterio, ninguno de los testimonios permitió acreditar la figura jurídicas de resistencia a la autoridad imputada. Observó en referencia a ella que los hechos así calificados requieren la existencia previa de una orden impartida por personal competente y afirmó que tal requisito no se verificó.
Sostuvo también que la situación de vulnerabilidad del acusado —sin acceso a vivienda, sin empleo y sin red de apoyo estable— debe ser considerada, y describió que se trata de una persona con dificultades educativas y con una trayectoria marcada por la exclusión social. Según su postura, las conductas atribuidas responden a reacciones impulsivas relacionadas con ese contexto. Por ello, solicitó que no se tengan por no acreditados los hechos en los términos señalados por la acusación.
Al finalizar la audiencia, el tribunal informó que la lectura del veredicto se realizará el próximo 27 de noviembre, momento hasta el que se sostendrá la prisión preventiva del hombre.
Ministerio Publico Fiscal/ Viedma
