Viedma.-“El daño a niños con trastorno de espectro autista, ancianos y personas con discapacidad y animales está probado”, sostuvo Montecino Odarda y adelantó “acciones judiciales contra quienes incumplan los deberes del funcionario público”.
El concejal de RIO, Facundo Montecino Odarda, adelantó que las expresiones vertidas por la Presidente del Concejo Deliberante de Patagones, María Ciccone, son un tanto “precipitadas” y consignó que “no podemos permitir que las empresas hagan lobby para intentar incumplir una ordenanza que fue votada por la mayoría de los miembros del cuerpo deliberativo de la comarca Viedma-Patagones”.
Públicamente se dio a conocer que Ciccone tras la reunión con un comerciante y ante una nota de vendedores mayoristas de pirotecnia intentaría “corregir” la ordenanza y hacer lugar al planteo de éstos desconociendo totalmente de este modo que “la pirotecnia afecta gravemente a bebés, ancianos, personas con discapacidad e hipersensitividad sensorial, y animales no humanos. El ruido ensordecedor de la pirotecnia provoca miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, infartos, afectación del sistema inmunitario, y muchos otros problemas de salud”, dijo el edil de RIO, autor de la normativa.
Montecino Odarda ratificó que “No es inconstitucional la ordenanza” y agregó que “El país va camino hacia terminar con la pirotecnia estruendosa”, en relación al proyecto de ley, autoría de la Senadora Odarda, que ya se encuentra en el Congreso de la Nación.
“Las ordenanzas no pueden ser desoídas. Esta norma en particular se le dio origen para tratar de alguna manera que tengan un alivio al sufrimiento innecesario que la pirotecnia sonora genera en las personas y animales”, recordó el concejal.
“No debemos ceder a los intereses de la empresa Cienfuegos. Rechazamos las extorsiones y presiones de C.A.E.F.A sobre funcionarios públicos”, expresó Montecino.
Por otro lado, en recientes declaraciones, la Senadora Magdalena Odarda adelantó que están analizando junto a su equipo y las organizaciones sociales que la acompañan iniciar las correspondientes acciones judiciales contra quienes incumplan los deberes del funcionario público, que “no es ni más ni menos que cumplir y hacer cumplir las normas”, subrayó.
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