Viedma – La semana pasada, la ministra de educación de la provincia, profesora Mónica Silva, ponderó la buena relación con los docentes y afirmó que ‘prevé un inicio escolar sin sobresaltos’ que ‘ya parece garantizado, pues no habrá conflicto gremial’, dice la nota.
En el reportaje, la funcionaria habla de los concursos docentes y los concursos de ascenso para cargos directivos, pero sólo se acuerda de los trabajadores del PSA (el Personal de Servicio de Apoyo en las escuelas, que son parte fundamental del trabajo cotidiano) a la hora de nombrar el sistema de control de asistencias.
Las condiciones laborales del sector vienen peleándose desde hace años, y mientras se retacea la puesta en marcha del MMF (Manual de Misiones y Funciones) y postergan gran parte de lo estipulado allí, los compañeros del PSA siguen llevando adelante las tareas sin disponer de los materiales, indumentaria ni elementos adecuados para desarrollarlas. En muchos casos, los trabajadores ponen herramientas propias para hacer el trabajo; esto sin mencionar que la gran mayoría de ellos (más del 60% de los agentes del PSA) apenas superan los 16.000 pesos de ingresos mensuales.
Este ninguneo oficial de una parte importante del sistema educativo es ya una constante en la narrativa institucional de la cartera coordinada por Silva. Desde la UPCN siempre buscamos acercar las demandas directamente al ministerio, pero resulta difícil que la institución mire más allá del cuerpo docente (también importante, por supuesto), negando soslayadamente las necesidades urgentes de un significativo grupo de trabajadores de las escuelas, cuya función es central en las actividades de los establecimientos educativos.
Los compañeros del PSA tienen los sueldos más bajos de todos los agentes públicos, recibieron en 2018 menos de un 28% de aumento pagado en largos tramos, cuando el costo de vida superó el 50%. Son trabajadores comprometidos con lo que hacen, con una gran responsabilidad en torno al funcionamiento de los establecimientos (muchos de los cuales están lejos de las condiciones óptimas) que hasta aportan elementos propios para desarrollar el trabajo.
El gobierno redujo drásticamente el poder adquisitivo de los salarios en 2018 a todos los agentes de la Administración Pública que ya no pueden hacer frente a las deudas; y el PSA, con 16.000 pesos mensuales, son trabajadores que están muy por debajo de la línea de pobreza, no tienen para comer ni vestirse con los vergonzosos y miserables aumentos. Mientras, la ministra de la cartera se jacta de un próximo ‘buen año, sin sobresaltos y sin aparentes conflictos’.
Fuente: Prensa UPCN Río Negro