Un joven fue imputado por el delito de desobediencia judicial luego de haber incumplido en la tarde de ayer, la prohibición de acercarse a su ex pareja, una adolescente de 17 años. Aludiendo a la falta de voluntad de cumplir las medidas cautelares y al circulo de violencia en el que ambos jóvenes se encuentran inmersos, la Fiscalía requirió la prisión preventiva, medida que fue impuesta por el juez de garantías interviniente.
En la audiencia de formulación de cargos se acusó al imputado de haberse encontrado con la adolescente y el hijo de ambos, el 3 de marzo de 2026 alrededor de las 19:47 horas. Fue un familiar de la victima quien alertó de tal situación a la policía que se presentó en el lugar y constató el encuentro.
La Fiscalía explicó que el hecho “implicó el incumplimiento de las medidas cautelares dispuestas” en otro legajo y vigentes desde el 1 de octubre pasado que establecían la prohibición de contacto respecto de la adolescente y de su domicilio y de ejercer actos molestos o violentos, de manera directa o por terceras personas y por cualquier medio. El control de estas medidas se realizaba mediante monitoreo con dispositivo electrónico.
El hecho se encuadró en el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal, en calidad de autor conforme al artículo 45 del mismo cuerpo legal.
Durante la audiencia la Fiscal indicó que el episodio constituye una reiteración en la conducta atribuida al imputado. En este sentido, al fundamentar el pedido de prisión preventiva, destacó que el caso involucra una situación de vulnerabilidad de la víctima y señaló la necesidad de analizar los hechos en el marco de los ciclos de la violencia. Remarcó que, más allá de cualquier conducta atribuida a la adolescente, es el imputado quien tiene la obligación de cumplir las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.
Enfatizó asimismo que “la joven se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad, en razón de su minoría de edad y de la consecuente situación de supremacía de él con respecto a ella”. Indicó la acusación que se requirió la intervención del defensor de niños, niñas y adolescentes. En el marco de los argumentos para sustentar el encierro preventivo sostuvo además que las circunstancias evidencian la ausencia de voluntad del imputado para cumplir con otras medidas alternativas.
Si bien no manifestó objeciones a la formulación de cargos, la defensa del imputado se opuso al pedido de prisión preventiva. Finalmente, el juez de garantías interviniente resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de diez días. Para adoptar la decisión, el magistrado analizó el caso con perspectiva de género y consideró la reiteración del incumplimiento de las medidas cautelares vigentes, así como la necesidad de resguardar la seguridad de la adolescente y de su hijo.
Ministerio Publico Fiscal/ Viedma
