La Senadora Nacional Magdalena Odarda (Partido RIO), solicitó al Procurador General del Poder Judicial de Río Negro, Dr. Jorge Crespo, que en función de las atribuciones conferidas por los artículos 218 y 219 de la Constitución Provincial, interceda ante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro a fin de evitar las graves consecuencias que traería aparejadas para la comunidad mapuche, y rural circundante, el cierre de la Escuela Rural N 331, del Paraje Rio Chico Abajo, por parte del referido Ministerio. Para ello, propuso al mismo funcionario que se constituya en dicho establecimiento a fin de realizar un reconocimiento “in situ” a fin de constatar la situación denunciada y de realizar un relevamiento de los testimonios y demás pruebas que podrán ser utilizadas en las acciones judiciales y denuncias penales que pudieran promoverse.
Solicitó asimismo que el mismo Procurador instruya a la Sra. Defensora de Pobres y Ausentes de la Localidad de El Bolsón, a fin de que promueva las actuaciones judiciales que resulten necesarias y oportunas, y que permitan garantizar el derecho a la educación de los menores y demás miembros de la comunidad afectada, impidiendo en primer término el cierre de la referida Escuela.
Recordamos que a comienzos de 2017 se anunció públicamente el cierre de la escuela 331 del Paraje Río Chico Abajo, aún en su situación de contar con, al menos, diez alumnos, incluyendo entre ellos a niños y adultos del lugar que vienen concurriendo a dicho establecimiento para instruirse. Pese a la resistencia de estos alumnos y de sus familias, se ordenó finalmente el corte de los servicios de internet y gas en el edificio de la referida Escuela, tornando muy dificultosa la permanencia de los alumnos en la misma.
Con el cierre del establecimiento, el gobierno les estaría quitando el derecho a la escolarización a los niños y adultos de esa comunidad, así como la posibilidad de comunicarse a través de la telefonía rural e internet ante cualquier emergencia que pudiera suscitarse en el paraje, amén del derecho a la comunicación del que debe gozar todo ser humano en esta instancia del Siglo XXI y de la inclusión de tal derecho entre los derechos humanos fundamentales.
“Las políticas públicas deben fortalecer el arraigo y el crecimiento en las poblaciones rurales, así como fomentar las actividades que permitan su desarrollo. En dicho marco, la escuela rural cumple un rol indiscutible también, fomentando la soberanía en espacios distantes de los grandes centros urbanos de consumo, por lo que el proceso de despoblamiento rural y la concentración de la tierra productiva en pocas manos produce la pérdida de derechos humanos fundamentales, tales como los de recibir educación pública y gratuita y de acceder a las fuentes de comunicación para los pobladores rurales, y el cierre de una nueva escuela rural viene a vulnerar ese derecho” – sostuvo la Senadora.
Fuente: Prensa Senadora Magdalena Odarda Partido RÍO