La Senadora Magdalena Odarda (Partido RIO), manifestó su beneplácito ante la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo Tribunal que entendió hasta el momento, en virtud de la cual se revoca el sobreseimiento de los imputados respecto de un caso de corrupción en la Provincia de Río Negro, por el cual se vieron implicados diversos funcionarios que permitieron la adquisición irregular de las tierras que hoy conforman la Estancia “Hidden Lake”, o Lago Escondido, en franca violación de las normas de defensa de la seguridad nacional.
Los hechos denunciados en el año 2012 por el Procurador de Investigaciones Administrativas, Dr. Balbin, (PIA, ex-FIA) habrían tenido ocasión allá por los años 1996 y 1997, cuando se autorizó la venta de dichas tierras a una empresa de origen nacional en forma simulada, finalizando el trámite de la misma con la autorización de la compra a una empresa extranjera, propiedad del millonario inglés Joseph Lewis. En dicha ocasión, el Ministerio Público Fiscal entendió que el sobreseimiento dictado años atrás contra los referidos protagonistas era prematuro y que la existencia de funcionarios públicos como imputados de la maniobra habría suspendido el plazo de prescripción, por lo que la acción penal aún estaba vigente.
Cuando a fines del año 2017 la Cámara Federal de Apelaciones hace suyos los argumentos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas al revocar los sobreseimientos dictados oportunamente por la Cámara Federal de Apelaciones, propone el criterio que hoy, finalmente, es adoptado por la Cámara Federal de Casación Penal al confirmar el fallo y mantener el procesamiento de los funcionarios que intervinieron en aquella fraudulenta operación, lo que surge de su contundente rechazo a los recursos extraordinarios planteados por los protagonistas.
Vale aclarar que entre los años 1996 y 1997, en franca violación de lo establecido por normas de defensa nacional destinadas a la protección de las fronteras argentinas, se autorizó la venta de cerca de 11.000 hectáreas de tierras ricas en recursos y bellezas naturales, permitiendo que las mismas pasen a manos del empresario inglés Joseph Lewis, en franca violación de la Ley de Defensa Nacional 23.554 y del Decreto Ley 15.385/44. Para lograrlo, se realizaron maniobras por las que primero se solicitaron autorizaciones en calidad de personas jurídicas nacionales, y en paralelo se transfirieron las acciones a manos extranjeras. Una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros.
Es por ello que en la causa se encuentran imputados, y en algunos casos también indagados, los funcionarios públicos que autorizaron dichas ventas, la escribana actuante, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Rio Negro y las autoridades de las sociedades extranjeras HR properties, Lago Corp, Hidden Lake y el Sr. Charles Lewis.
El hecho de que se hubiera ventilado este caso en forma tardía es, precisamente, el común denominador en los casos de corrupción, razón por la cual los plazos de prescripción en estas ocasiones deben ser amplios y no permitir que se cierren las causas con facilidad por el simple hecho del transcurso del tiempo, por lo que la simple invocación de los denunciados de que se ha violado el plazo razonable no puede prosperar.
Asimismo, en la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal se recalcó que entre los funcionarios indebidamente sobreseídos, se encontraban algunos que habían desempeñado sus funciones hasta el año 2012, por lo que la mera posesión de dicho cargo operaba en contra de la investigación que, contra ellos mismos, pudiera promoverse.
“Tratándose de una causa de una enorme relevancia institucional, en tanto se encuentra en juego la soberanía nacional sobre territorios de frontera, y de encontrarse involucradas personas con un considerable poder económico; resultó oportuno que la justicia también hubiera solicitado embargos a los protagonistas a fin de que se proponga la revocación de las ventas realizadas, por lo que deberían, incluso, recuperarse los terrenos vendidos en violación a las normas que protegen los intereses de la República Argentina, lo que debe constituir el paso siguiente a observar por los mecanismos del Estado Rionegrino” sostuvo la Senadora.
Fuente: Prensa Senadora Magdalena Odarda Partido RÍO