El legislador del Frente de Todos, Nicolás Rochás, con el acompañamiento de la presidenta de esa bancada, María Eugenia Martini, presentó un proyecto superador de las actuales normas vigentes para instrumentar la iniciativa popular en la redacción de las leyes en Río Negro. La intención es facilitar el acceso a la población, mediante el uso de la tecnología e internet, con el fin de reunir los avales que requieren las propuestas elaboradas bajo esa modalidad para alcanzar tratamiento parlamentario.
Rochás y Martini coincidieron en la necesidad de crear una herramienta que revierta la escasa participación que ha tenido la comunidad desde que se pusieron en vigencia en 2002 y en 2015 sendas regulaciones para la presentación de propuestas por parte de la ciudadanía.
El proyecto impulsado por los parlamentarios del Frente de Todos promueve la incorporación de nuevas herramientas a través de las cuales se moderniza el sistema de aval o adhesión a los proyectos presentados ante la Legislatura Rionegrina en el ejercicio del derecho de “Iniciativa Popular”. Se propone sustituir la Ley O N° 3654 modificada por la Ley 5052, y dotar a ese instituto de la democracia, de elementos que permitirán una mejor y mayor participación de la comunidad.
Hace 18 años se sancionó la primeras de esas leyes que establecía el régimen de “Iniciativa Popular”. Un lustro atrás, el texto fue modificado con el argumento de la utilización poco frecuente de esa herramienta, no por falta de interés por parte de la población en participar en asuntos de relevancia social sino porque, en muchos de los casos, las normas reglamentarias de estos mecanismos no fueron lo suficientemente adecuadas para permitir su desarrollo, conteniendo procedimientos o prácticas demasiado engorrosas o burocráticas.
Lo cierto es que pese a los cambios incorporados no se logró el cometido buscado. Desde el año 2015 a la fecha, se presentó un solo proyecto bajo la modalidad de “iniciativa popular”. A la vez, desde la sanción de la Ley 3654 en 2002, fueron treinta y cinco los proyectos presentados, de los cuales sólo 3 fueron tratados y aprobados.
La iniciativa propuesta por Rochás y Martini apunta a incorporar “nuevas herramientas, más eficientes y adecuadas a los tiempos que vivimos y a la tecnología a nuestro alcance, para que la misma se consolide definitivamente como un mecanismo de participación por excelencia”.
En ese sentido, se propicia que además de mantener la posibilidad de avalar las Iniciativas Populares a través de la firma en planillas proporcionadas por la Dirección General de Asuntos Legislativos, se pueda ahora brindar aval mediante adhesiones digitales por medio de la página web de la Legislatura. Así a partir de la sanción del texto propuesto, cada ciudadano o ciudadana podrá leer en su casa, oficina o en su propio celular el texto del proyecto y los fundamentos del mismos, completando luego el formulario de adhesión también en forma digital.
El desafío sigue siendo construir más y mejor democracia, la búsqueda de las herramientas para lograrlo, depende en buena parte de nosotros”, concluyeron los legisladores.
¿CÓMO SE INSTRUMENTARÁ LA INICIATIVA POPULAR?
El texto establece que toda persona con derecho a voto podrá presentar proyectos bajo esta modalidad, referidos a cualquier materia que sea de competencia de la Legislatura, a excepción de lo referido a la reforma de la Constitución, tributos en general y presupuesto.
La Dirección General de Asuntos Legislativos actuará como organismo de aplicación asistiendo a la población en todo lo relativo a la presentación de proyectos de iniciativa popular y recibiendo las propuestas.
La promoción y recolección de adhesiones de un proyecto deberá iniciarse por una o más personas que a los fines de esta ley constituyen los “Promotores/as”, que tienen la obligación de designar un representante y constituir domicilio legal en Viedma. La iniciativa debe estar acompañada de la adhesión de un mínimo del tres por ciento de los ciudadanos que se encuentren inscriptos en el Padrón Electoral, lo que será verificado por el Tribunal Electoral en un plazo de hasta treinta días.
Una vez cumplimentado el trámite la propuesta adquiere estado parlamentario y es remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que funciona como la comisión de origen de la iniciativa y luego continúa con el tratamiento ordinario previsto para los proyectos de ley. Tendrá tratamiento obligatorio en Cámara dentro de los doce meses contados desde que adquirió estado parlamentario.
Fuente: Prensa Legisladores Frente de Todos