Sierra Grande. – En el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta vinculadas al Programa Federal de Viviendas “Techo Digno”, en este caso en la localidad de Sierra Grande, se reanudó en Viedma el control de acusación que había sido pospuesto en una audiencia realizada el 20 de noviembre pasado.
Hasta el día de hoy, esta etapa procesal había implicado diversos pedidos de las defensas para prorrogar su inicio. Esta jornada comenzó además con un nuevo pedido de los abogados defensores para que se declare la incompetencia en el fuero provincial y la causa se dirima en el ámbito de la justicia federal. No obstante, la jueza de juicio que encabezó la instancia rechazó dichos planteos y dispuso que comience la discusión entre las partes acerca de la prueba que se producirá en el debate oral.
En ese marco, la Fiscalía fue la primera en hacer uso de la palabra y detalló la acusación dirigida contra dos exintendentes y diversos funcionarios municipales de sus respectivas gestiones de gobierno.
Los hechos descriptos fueron dos. En el primero, la Fiscalía destacó que entre 2014 y 2015, en el marco del mencionado programa, el intendente Renzo Tamburrini celebró con el Estado Nacional el convenio para construir 40 viviendas e infraestructura. El municipio recibió $16.689.525,64 (92 % del total), destinados exclusivamente a esa obra, asumiendo obligaciones estrictas de certificación, control, rendición de cuentas y restitución de fondos.
La acusación sostiene que durante 2015, Renzo Tamburrini, junto con el Secretario de Gobierno y Hacienda Mauro Tamburrini, y el Secretario de Obras Ernesto Héctor Noel, autorizó y certificó pagos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A., por un total de $12.861.207,89. Para ello confeccionaron ocho certificados de obra que consignaban un avance falso del 71,03 %, cuando una auditoría posterior determinó que el avance real era solo del 42,21 %.
Cada certificado dio origen a resoluciones municipales firmadas por Renzo y Mauro Tamburrini, habilitando pagos basados en avances inexistentes. Como resultado de la maniobra, la empresa constructora cobró un 28 % más de lo que correspondía según el contrato y se produjo un perjuicio patrimonial al municipio estimado en $793.480.666,03 (a marzo de 2025) Con fondos del mismo programa, se efectuó además un pago adicional de $1.000.000 por un certificado igualmente falso —6,98 % de avance en movimiento de suelos— vinculado al convenio que solventaba infraestructura y nexos.
En el segundo de los hechos, el Ministerio Público imputó al intendente que sucedió a Tamburrini, Adrián Iribarren, quien “continuó la ejecución de dichos convenios nacionales”. Señaló que “sin haberse recibido desembolsos nacionales correspondientes al convenio de infraestructura, Iribarren, junto con la Secretaria de Gobierno Claudia Albariño, ordenó dos pagos a la empresa Construcciones Normalizadas Viedma S.A.”.
Para justificar esos pagos, sostiene la acusación, se utilizaron certificados falsos emitidos por Miguel Ángel Mesa, Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, que atribuían un avance inexistente en el ítem movimiento de suelos, por un total del 14,02 % de la adenda de infraestructura.
En abril de 2016, una inspección del IPPV y un posterior análisis técnico confirmaron que no existían movimientos de suelo ejecutados. La única obra comprobada era el zanjeo de 14 viviendas para redes de agua y cloacas, y el avance certificado no coincidía con el estado real ni con lo previsto para la infraestructura del programa. En este segundo hecho, la acusación sostiene que se pagó indebidamente a la empresa aproximadamente dos millones de pesos entre febrero y marzo de 2016. El perjuicio actualizado asciende a $212.388.009,01.
La calificación legal atribuida es común a ambos hechos: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso, asignada a todos los implicados en calidad de coautores.
Posteriormente comenzó el debate relacionado con la prueba a producirse en juicio. La Fiscalía comenzó a detallar el listado que supera los 25 testigos describiendo sobre qué porción de los hechos comparecerá cada uno de ellos. Esta instancia se reanudará el próximo 29 de diciembre.
¿Qué pasó con el empresario involucrado?
Al titular de la empresa constructora Construcciones Normalizadas Viedma S.A., imputado como partícipe necesario de la maniobra, se le otorgó una suspensión de juicio a prueba.
Esta figura procesal está prevista en el Código Penal para delitos cuya pena sea menor a tres años de prisión —es decir, excarcelables—. Está prohibida para funcionarios públicos acusados por hechos cometidos en ejercicio de sus funciones.
En este caso, el imputado realizará una obra como reparación del daño: la refacción del techo del cine teatro municipal de Sierra Grande, un edificio de uso comunitario de aproximadamente 600 m², con una inversión estimada en 40 millones de pesos. En su doble carácter de empresario e ingeniero, dirigirá personalmente los trabajos, que se concretarán a la mayor brevedad posible en función de las condiciones climáticas.
El ofrecimiento de la defensa se realizó el 18 de septiembre pasado, en una audiencia en la que participó la actual intendenta de Sierra Grande. La jefa comunal indicó que había mantenido reuniones previas con las partes para coordinar la ejecución de la obra y valoró la reparación del espacio, destacando su importancia para la comunidad por la amplia actividad que allí se desarrolla. La acompañaba el titular del área de Obras Públicas, responsable de supervisar el avance de la obra.
El beneficio —otorgado por el Juez de Garantías el 1 de octubre- establece además la fijación de domicilio del imputado, el control de pautas por parte de la Oficina Judicial y el seguimiento del avance de la obra por parte del municipio.
Ministerio Publico Fiscal/ Sierra Grande
