Los trabajadores de la Cooperativa 1° de Mayo de Roca le enviaron una carta documento al gobernador Alberto Weretilneck para que cumpla con la ley de expropiación aprobada en el 2015, que declaró de utilidad pública las tierras y maquinarias de lo que fuera la empresa Embalajes. La firma cerró en el 2010 y desde entonces funcionó en manos de sus trabajadores, bajo el formato de fábrica recuperada ‘Cooperativa de trabajo 1 de Mayo Ltda’.
Por estos días, el aserradero sufre las consecuencias de la crisis de la fruticultura y de los avatares de la economía Argentina, con una estrepitosa baja de las ventas, el aumento de los insumos dolarizados y la suba de las tarifas de los servicios públicos y el combustible. Hasta ahí los problemas serían los mismos de todos los aserraderos. Pero los integrantes de la cooperativa deben repartir su tiempo entre sortear la difícil situación económica y dar la pelea para que se cumpla con la expropiación, aprobada hace más de dos años por la Legislatura rionegrina.
Hoy la Cooperativa atraviesa un juicio de desalojo en el Juzgado Civil N° 1, de la Dra. María del Carmen Villalba, a consecuencia del incumplimiento del gobernador.
“Estamos preocupados, porque pasa el tiempo y no se concreta la expropiación, tenemos miedo que se caiga, nosotros hablamos con el gobernador y nos dijo que nos iba cumplir con la ley, pero hay una nota del secretario de Gobierno que nos afirma que ‘la declara abstracta’, todos tenemos que cumplir la ley. Es por ello que decidimos enviarle una carta documento para que aclare si iba a dar cumplimiento con la ley o no, y que nos deje de mentir”, afirmó Heriberto Guerrero, integrante de la cooperativa y unos de los trabajadores más antiguos del aserradero. Tiene 49 años y trabaja allí desde los 13 años.
Cuarenta familias pueden quedar sin trabajo a consecuencia del incumplimiento del gobernador Alberto Weretilneck. “Fue el propio gobernador, en acuerdo de ministros el autor de la ley de expropiación. No le pedimos nada raro, sino que cumpla con la ley”, afirmó el integrante de la cooperativa.
“Cuando la empresa cerró el hijo vendió una parte de las tierras y nosotros le pedimos que con eso nos pagara la indemnización y nos íbamos, pero nos dijo que no nos iba a pagar y que hiciéramos lo que quisiéramos con el aserradero, entonces nos pusimos a trabajar”, recordó Omar Carrasco, actual presidente de la cooperativa. La empresa Embalajes, ubicada en Alsina 2.900 de Roca cerró en el 2010 y desde entonces los trabajadores se hicieron cargo, bajo la forma de empresa recuperada. En el año 2015, los entonces legisladores Silvia Horne y Luis Bartorelli impulsaron el proyecto para declarar la empresa de utilidad pública y expropiar el inmueble y las maquinarias, que fue presentado a la Legislatura por el propio gobernador, con acuerdo de ministros. El 5 de septiembre de 2014, la Municipalidad de Roca publicó en el Boletín Oficial la ordenanza en la que se pedía a la Legislatura que complete la expropiación y se solicitaba a la Justicia la suspensión de las acciones destinadas a rematar los bienes del aserradero que perteneció a Antonio Zinelli para permitir la gestión de la cooperativa 1° de Mayo, bajo la forma de empresa recuperada.
“Hace ocho años que estamos con la empresa recuperada y nos hemos podido mantener bien, sin subsidios, pero ahora también se nos está complicando con los servicios, antes pagábamos 30 mil pesos por mes de luz y ahora vienen boletas de 60 o 70 mil pesos, también nos aumentó mucho el gasto en combustibles. Las maquinarias las mantenemos entre nosotros, las arreglamos, las engrasamos”, sostuvo Guerrero.
Mientras tanto, un antiguo socio de Zinelli, Mario López, reclama la propiedad de la tierra, incluso se había opuesto a la ley de expropiación, pero sus argumentos fueron desestimados en su momento. “Hicieron una venta de las tierras que le pertenecían a la empresa, cuando esta estaba en quiebra y, además, existía una ley provincial de utilidad pública que impedía su venta. Se vendieron la tierra entre ellos, a los efectos de no pagar sus deudas. Ahora quieren el terreno para lotearlo, nosotros no queremos hacer otra cosa más que trabajar, no tenemos ayuda de nadie, no recibimos ningún subsidio, no le pedimos nada a nadie, lo único que pedimos es que cumplan con lo que prometieron y que se aplique la ley de expropiación. No entendemos cómo se les permitió vender, cuando todo este predio está declarado por ley de utilidad pública desde el año 2012, ¡eso no se puede vender! Este lugar tiene la misión de cuidar puestos de trabajo y no de hacer negocios especulativos. Menos aún por parte de los mismos dueños que la abandonaron y dejaron un tendal de acreedores en la lona”, concluyó Carrasco.
Fuente: Servicios Integrales de Comunicación