Los diputados del Movimiento Evita presentaron formalmente ante el ENARGAS una impugnación al mecanismo para pagarle a las productoras las diferencias que alegan que han perdido por la especulación con el dólar que realizó nuestra propia autoridad económica. La nota está firmada por los diputados Aracely Ferreyra, Silvia Horne, Leonardo Grosso y Lucila de Ponti.
La diputada nacional por Río Negro Silvia Horne afirmó que “lo que está en el trasfondo de este mecanismo de transferir el costo financiero de los negocios entre las empresas petroleras y las distribuidoras”.
“¿Quién sería la autoridad económica?”, preguntó Horne y señaló que “debería ser nuestro Ministerio de Economía, debería ser la autoridad política que fue elegida libremente en las urnas. Sin embargo no es así. Está muy claro que hay una directiva en la carta de intención con el Fondo que establece que este mecanismo debe funcionar de esta manera. Ellos lo deciden y lo ordenan y los lacayos del gobierno argentino sólo ejecutan con la satisfacción de compensar a sus amigos empresarios”.
La diputada explica que “se puede tomar este dato, de cuando el Fondo termina la revisión el segundo reporte de revisión del acuerdo del stand by en el informe del artículo cuarto. También en diciembre del 2018, cuando misión del FMI saluda y le dice a la Argentina que está bien que está haciendo un ajuste que acordó, respecto a la política fiscal de reducción del déficit”.
“Es evidente que dicho ajuste, que continúa, es a costa de dejar en la intemperie a la mayor parte de su población, y en la opción de cerrar las puertas o despedir a sus empleados a las pymes incluso a las grandes”, resalta la diputada Horne.
“Pero expresamente, el “Fondo” le ordena al gobierno qué hay que reducir, y aún más los subsidios de servicios públicos. Esto ya configuró aumentos de tarifa, y a su vez le exige al gobierno que adopte algún marco legal para trasladarle el costo del desbalance financiero por la devaluación y modificación del dólar y a los usuarios. Por ello, en el escrito presentado en tiempo y forma, los diputados del Movimiento Evita, impugnamos el mecanismo de transferencia a tarifa de las diferencias financieras. Sin perjuicio de las presentaciones realizadas en el Congreso y también judicialmente, por el nuestro y por distintos bloques”, concluye Horne.
En la presentación al ENARGAS, los diputados sostienen que “desde el inicio del gobierno de Cambiemos, la política de quita de subsidios y aumento de tarifas de los servicios públicos fue una constante. La política oficial de reducir subsidios se frenó ya que nuevamente fueron incrementados para compensar a las empresas por los efectos de la devaluación; concomitantemente, las tarifas aumentaron notablemente, y sin pausa ni retroceso”.
Precisan que “las facturas de gas aumentaron entre el 1.353% y el 462%, dependiendo del segmento de consumo, entre octubre de 2015 y de 2018. De manera regresiva, los incrementos más altos afectaron a los segmentos de menor consumo. Dados los aumentos adicionales previstos para 2019 la factura tipo acumularía aumentos de entre 8 y 21 veces hacia el próximo mes de octubre”.
Finalmente señalan que “paralelamente, las bonificaciones se fueron haciendo cada vez más restrictivas. En su inicio, se bonificaba el total del consumo debiéndose abonar sólo costos de transporte, distribución e impuestos. Tal esquema se modificó a fines de 2017, de modo tal que se subsidiaba sólo un determinado bloque de consumo (definido según región de residencia) y un 75% sobre un segundo bloque. Desde octubre de 2018, sólo se subsidia el primer bloque de consumo”.
Fuente. Servicios Integrales de Comunicación