Los amparistas que impulsan la defensa de la Ley de Tierras, entre ellos la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, presentaron ante la Justicia Federal una ampliación de la demanda que cuestiona la derogación de la Ley Nacional 26.737 mediante el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. El escrito incorpora hechos ocurridos después del inicio de la causa y ofrece nuevas pruebas sobre la extranjerización de tierras en la Patagonia. Entre los casos más importantes se encuentran el aeropuerto de Joe Lewis, su vinculación con capitales de Emiratos Árabes Unidos, el emprendimiento Baguales y la compra de tierras realizada por Hugo Alberto Barabucci con fondos provenientes de ese mismo país. También se advierte sobre la situación de las comunidades indígenas, agravada por la derogación de la Ley 26.160.

La presentación se realizó en el marco de la causa «Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo Colectivo», luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera la suspensión provisoria del artículo 154 del DNU 70/2023, que había eliminado los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Los demandantes solicitaron que se mantenga esa protección mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

CASO AEROPUERTO DE LEWIS Y SU TRANSFERENCIA A CAPITALES DE EMIRATOS ÁRABES

Uno de los casos incorporados es el del empresario británico Joe Lewis y el aeropuerto privado construido en la zona de Bahía Dorada, cerca de Puerto Lobos, sobre la costa atlántica. Se trata de una pista de aproximadamente 2.200 metros de extensión, ubicada en una propiedad de unas 30.000 hectáreas, en un sector estratégico por su cercanía con el océano Atlántico y las Islas Malvinas.

La presentación expone la transferencia de la propiedad vinculada al aeropuerto a una sociedad con participación de capitales de Emiratos Árabes Unidos. Según la documentación incorporada, Manzil S.A. registra entre sus accionistas a Osama Hussein Saleh Hussein Alahdaly y Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri. Sin embargo, los amparistas advierten que existen contradicciones en la información oficial sobre la titularidad de las tierras y solicitaron profundizar la investigación sobre la operación, el funcionamiento del aeropuerto, los controles estatales y las restricciones de acceso público a sectores de la costa.

CASO BAGUALES Y RÍO VILLEGAS S.A.U.

Otro de los hechos expuestos es el de Baguales Mountain Reserve, un emprendimiento de aproximadamente 20.000 hectáreas en la zona cordillerana de Río Negro, vinculado a capitales de la familia real de Qatar. La presentación cuestiona especialmente el otorgamiento a Río Villegas S.A.U. de permisos para el aprovechamiento del agua del arroyo Baguales mediante tres centrales hidroeléctricas privadas, con una concesión por 30 años.

Los demandantes advierten sobre la falta de garantías suficientes de evaluación ambiental, participación ciudadana y control legislativo. También plantean la necesidad de investigar las consecuencias que estos emprendimientos pueden tener sobre los bosques, humedales, cursos de agua y demás bienes naturales comunes de la región.

CASO BARABUCCI Y LOS FONDOS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

La ampliación de la demanda también incorpora el caso de Hugo Alberto Barabucci, quien, durante un juicio realizado en Bariloche en abril de este año, manifestó haber recibido una donación de aproximadamente dos millones de dólares del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para adquirir cerca de 19.269 hectáreas en la zona de Alto Río Chubut, próxima al cerro Carreras.

A partir de esas declaraciones, los amparistas solicitaron que se incorpore el registro audiovisual de la audiencia y se investigue quiénes son los verdaderos beneficiarios de la operación. El objetivo es determinar si existió una adquisición mediante una persona interpuesta para eludir las restricciones previstas en la Ley de Tierras. La presentación también hace referencia a los conflictos territoriales que afectan a comunidades mapuches de esa región.

LA SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

El escrito también pone el foco en la situación de las comunidades Lof Lafkenche y Lofche Fvta Anekon, que forman parte de la acción judicial y reclaman el reconocimiento y la protección de sus territorios ancestrales.

Los amparistas advierten que el avance de los intereses inmobiliarios sobre grandes extensiones de tierra se suma al debilitamiento de las herramientas legales de protección indígena, particularmente por la derogación de la Ley 26.160, que había declarado la emergencia territorial de las comunidades y suspendido los desalojos de las tierras que ocupan tradicionalmente.

En este contexto, sostienen que la pérdida de estas garantías profundiza la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afecta directamente sus derechos territoriales, sus formas de vida y su vínculo histórico con la tierra.

EL AVANCE DE LA EXTRANJERIZACIÓN EN LA PATAGONIA

El escrito recuerda, además, que en el departamento Bariloche la superficie rural en manos extranjeras ya alcanzaba el 21,53 % en 2017, por encima del límite del 15 % establecido por la Ley 26.737. Los demandantes advierten que la eliminación de la normativa nacional dejaría sin sustento herramientas provinciales destinadas a controlar la concentración y extranjerización de tierras.

También se incorporó como antecedente la publicidad de una inmobiliaria de Chubut que, durante el período en que quedó abierta la posibilidad de aplicar la derogación de la Ley de Tierras, ofreció casi 3.000 hectáreas con lago, cascada y acceso al río Pico, destacando las nuevas oportunidades para compradores extranjeros.

Para la legisladora Magdalena Odarda, los hechos expuestos ante la Justicia muestran que la extranjerización de tierras no es una amenaza lejana, sino una realidad que ya afecta a Río Negro y a otras provincias patagónicas. Detrás de estas operaciones están en juego el acceso público a lagos, ríos y costas, el control sobre los bienes naturales comunes y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. Por eso, sostuvo que es fundamental mantener vigente la Ley de Tierras y evitar que grandes extensiones del territorio argentino sigan concentrándose en manos extranjeras, mientras se avanza en la investigación de estas operaciones y se garantiza la protección del patrimonio natural y territorial del país.

Prensa legisladora Magdalena Odarda Bloque Vamos con Todos