Vamos con Todos presentó una iniciativa que declara la emergencia por 24 meses y crea un programa de asistencia alimentaria, sanitaria y habitacional. Fija respuestas en 48 horas para urgencias acreditadas y controles sobre el destino de los fondos. Prohíbe destinar los recursos a eventos deportivos, viajes y festejos.

La distancia entre el haber jubilatorio mínimo y el costo de vida de las personas mayores es el punto de partida de un proyecto de ley que plantea declarar la Emergencia Social, Alimentaria, Sanitaria y Habitacional de ese sector en toda la provincia durante 24 meses.

La iniciativa fue presentada por los legisladores Luciano Delgado Sempé (VcT) y José Luis Berros (VcT). En los fundamentos sostienen que miles de jubilados y pensionados “atraviesan dificultades cada vez más profundas para satisfacer sus necesidades básicas”.

Los autores citan la resolución 284/2026 de la ANSES, que fija el haber mínimo de octubre en $435.748,51, y en $505.748,51 con el bono de $70.000. Según estimaciones atribuidas a la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de las personas mayores alcanzó los $2.090.646, y ese ingreso cubre solo el 24,19%, afirman.

El texto alcanza a personas de 60 años o más con residencia habitual en Río Negro y en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Incluye también a quienes tienen discapacidad certificada y son menores de esa edad, en condiciones equivalentes. Establece prioridad para quienes cobran el haber mínimo, viven solos o padecen enfermedades crónicas.

Para esos beneficiarios, el proyecto crea un programa provincial con módulos y tarjetas alimentarias, medicamentos esenciales gratuitos, atención sanitaria prioritaria, subsidios de alquiler y asistencia para calefacción. También prevé mecanismos contra los cortes de luz y agua por imposibilidad de pago. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Humano.

Las urgencias debidamente acreditadas deben recibir evaluación y medidas de asistencia dentro de las 48 horas, y las solicitudes ordinarias, una resolución fundada en 10 días hábiles. Los trámites pueden hacerse de forma presencial, sin que los canales digitales los reemplacen.

La emergencia se financia con un fondo transitorio de afectación específica, que el texto prohíbe usar en torneos, excursiones, festejos y otros eventos deportivos o recreativos. Los autores aclaran que no cuestionan esas actividades, que pueden continuar con partidas ordinarias, pero sostienen que “una emergencia alimentaria debe garantizar alimentos”.

Fuente: Quorum Legislativo