Cambios en Ministerios: Gobierno y Trabajo se separan

Se presentó la reforma de la Ley de Ministerios N° 5735 que redefine el organigrama del gabinete provincial. El Ejecutivo sostiene que los grandes proyectos de inversión exigen una autoridad laboral de mayor jerarquía.

La política laboral rionegrina contaría con una Secretaría de Estado propia, con dependencia directa del Gobernador y rango y jerarquía de Ministerio. El proyecto de ley deja al actual Ministerio de Gobierno y Trabajo con el nombre de Ministerio de Gobierno.

La iniciativa fue enviada a la Legislatura por el Poder Ejecutivo provincial para tratarse en única vuelta. El texto reforma los artículos 1, 2, 7, 14 y 23 de la Ley 5735. La Secretaría de Trabajo se incorpora al listado de Secretarías de Estado y queda vinculada al Ministerio de Gobierno a los fines del refrendo de los actos de gobierno. Las competencias laborales salen del artículo 14 y pasan a un inciso propio dentro del artículo 23.

Según los fundamentos del Ejecutivo, Río Negro atraviesa “una etapa histórica de evolución en su matriz productiva”. Mencionan como ejemplos a VMOS, Duplicar Norte, SESA, el proyecto minero Calcatreu y Argentina LNG, que a su criterio configuran “una nueva estructura productiva” que demanda trabajadores y capacidades de gestión estatal.

Entre las funciones asignadas al área figuran el poder de policía del trabajo, la fiscalización de la contratación de mano de obra local, la formación profesional y las políticas de empleo joven. También la intermediación laboral y la mediación en conflictos individuales y colectivos.

Los fundamentos citan que en 2025 la Secretaría de Trabajo realizó aproximadamente 5.500 fiscalizaciones y relevó a 26.479 trabajadores. El Ejecutivo sostiene que esa magnitud muestra la necesidad de fortalecer los equipos técnicos, inspectivos y administrativos.

El Ejecutivo afirma además que la fiscalización “no constituye un obstáculo para la inversión” y vincula el nuevo rol del área con el cumplimiento de la Ley 5804, conocida como “Ley 80/20”, que fija prioridad de contratación para trabajadores con residencia acreditada en la provincia.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar créditos presupuestarios y a distribuir personal y bienes. Para los autores, “jerarquizar la autoridad laboral es jerarquizar el trabajo como política de Estado”.

Fuente: Quorum Legislativo