Comenzó hoy en Viedma el debate oral y público contra los ex intendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren, junto a exfuncionarios de sus respectivas gestiones municipales. Se les atribuye a los seis, la coautoría de delitos en perjuicio de la administración pública en el marco del programa federal de construcción de viviendas denominado Techo Digno.
La audiencia comenzó pasadas las 8, cuando, luego de la presentación de cada una de las partes, el Ministerio Público Fiscal expuso su teoría del caso vinculada con presuntas maniobras relacionadas con certificaciones de obra que habrían informado avances superiores a los efectivamente constatados.
La acusación dividió los hechos investigados en dos tramos diferenciados. En relación con la primera gestión municipal, sostuvo que se certificó un avance de obra cercano al 71 %, mientras que pericias técnicas determinaron que el progreso real alcanzaba el 42,21 %. Atribuyó esas maniobras al exintendente, quien se habría valido del accionar de Mauro Tamburrini, entonces secretario de Gobierno y Hacienda, y de Ernesto Noel, secretario de Obras y Servicios Públicos. A las tres personas les atribuyó la coautoría.
La sobrecertificación descripta, sostuvo, “generó un perjuicio patrimonial al erario público municipal equivalente a $793.480.666,03 actualizados al mes de marzo del 2025 y el consecuente beneficio patrimonial a la empresa, que percibió un lucro indebido”.
Respecto de la segunda gestión, la Fiscalía indicó que se efectuaron pagos por obras de infraestructura vinculadas con movimientos de suelo sin que existieran desembolsos nacionales correspondientes a ese convenio específico y pese a que posteriores relevamientos técnicos habrían constatado que esos trabajos no se encontraban ejecutados en la medida certificada. Por este segundo hecho también fueron acusadas Claudia Alvariño y Miguel Ángel Mesa, quienes ocupaban los mismos cargos que sus predecesores.
En cuanto a los montos involucrados, indicó que en este caso se habrían ordenado pagos correspondientes a un avance del 14 %, por una suma superior a los dos millones de pesos de aquel momento, concretados en dos desembolsos diferentes. Según la Fiscalía, ello generó un perjuicio actualizado a 2025 superior a los 200 millones de pesos, además de un lucro indebido para la empresa que en abos casos emitió facturas respaldadas en certificados y resoluciones que no reflejaban el estado real de ejecución de las obras.
Durante la audiencia, la Fiscalía detalló una a una las obligaciones que los acuerdos firmados con Nación imponían a los funcionarios provinciales y describió facturas, certificados y resoluciones vinculadas con las obras investigadas destacando las inconsistencias detectadas en fechas, montos y porcentajes.
Los hechos fueron encuadrados por la Fiscalía como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de documento público falso.
A su turno, las distintas defensas rechazaron la acusación y sostuvieron que no podrá probarse la maniobra atribuida. El defensor oficial interviniente redundó en sus alegatos en la falta de rigurosidad y de sustento de la hipótesis fiscal y afirmó que su defendido (secretario de Gobierno de la primera administración) ejerció las funciones que le correspondían dentro del marco legal y sin infringir normas penales.
La causa penal se inició en el fuero federal, que determinó luego su incompetencia y remitió a la provincia la totalidad de los expedientes con procesamientos firmes respecto de las primeras personas sospechadas. Tras un ordenamiento y sistematización de la información, los legajos fueron divididos por Circunscripciones Judiciales para el inicio de las investigaciones preliminares, que incluyeron nuevas imputaciones y la realización de diversas audiencias, especialmente vinculadas con planteos de las defensas.
¿Cómo continúa la audiencia en Viedma?
Para la jornada de hoy está prevista la declaración de tres funcionarios nacionales que prestarán testimonio por Zoom. Entre ellos se encuentra la persona que radicó la denuncia penal en el marco de su intervención como instructora sumariante del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Durante la jornada de mañana se espera la declaración de un segundo bloque de testigos integrado por quienes realizaron mediciones y constataciones desde distintos organismos estatales, representantes de la empresa y peritos convocados. Cada testimonio abordará las particularidades de los relevamientos y el estado de las obras al momento de efectuarse. Ese tramo finalizará con la declaración del coordinador del área contable de la Procuración General, quien explicará el análisis integral realizado sobre la documentación incorporada al expediente.
El debate se extenderá durante toda esta semana, a partir de las 8:15, en el auditorio del Poder Judicial.
Ministerio Publico Fiscal/ Sierra Grande
